República Dominicana-Adaptar a los nuevos tiempos un Código Penal que data de 1844 ha resultado una tarea difícil para los legisladores dominicanos, enfrentando trabas como la propuesta de despenalización del aborto y otros espinosos temas que mantienen el proyecto de reforma durmiendo el sueño en las gavetas del Congreso Nacional, donde reposa por más de dos décadas.
Ante los fallidos intentos de modificación a la normativa jurídica, el presidente Luis Abinader sometió dos proyectos que contemplan la tipificación y sanción de delitos estipulados en la propuesta de reforma.
Aunque con las nuevas iniciativas legislativas introducidas vía el Senado de la República, orientadas a tipificar y establecer sanciones contra el crimen organizado, así como a proteger a las víctimas y testigos, el presidente Luis Abinader busca fortalecer el marco jurídico de República Dominicana, las misma resultarían ser un parche a un Código Penal tan antiguo, como la proclamación de independencia.
Se trata del Proyecto de Ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, y el Proyecto de Ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
El primero propone combatir el crimen organizado en sus distintas manifestaciones, a fin de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho. Tipifica una serie de delitos, relacionados a organizaciones criminales, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.
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La pieza define la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
También, tráfico de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados, comercio ilícito y contrabando, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional, tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes, delitos financieros, delitos medioambientales y delitos de alta tecnología.
El segundo estipula reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo y regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en su provecho, buscando así llenar un vacío legal, que por falta de voluntad política o presiones mediáticas continúa limitando la correcta administración de justicia.
El presidente Luis Abinader explica que con esto busca trabajar acorde con los estándares internacionales, establecidos para la estandarización de los instrumentos normativos de la prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza trasnacional.
Juristas como Thiago Marrero consideran que el Gobierno estaría buscando una alternativa para no volver a someter al debate temas tan controvertidos como la despenalización del aborto, la no discriminación a población vulnerable y la violación sexual entre parejas.
En julio de este año, la Cámara de Diputados volvió a engavetar el proyecto del Código Penal y rindiendo un informe que establecía que se necesitaba un mayor consenso, y desde entonces no se ha vuelto a hablar del tema, ni siquiera en los pasillos del Congreso.
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