En un giro sorprendente de los acontecimientos, el 86% de los funcionarios municipales electos en la República Dominicana se enfrenta a una amenaza inminente de destitución debido al incumplimiento de una de las normas más fundamentales de la administración pública. La obligación de presentar una declaración jurada de bienes, como lo estipula el artículo 146.3 de la Constitución de la República, está en el centro de esta crisis.
El artículo 146.3 de la Constitución establece de manera clara y contundente que los funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración jurada de bienes antes de asumir sus cargos, así como al finalizar sus funciones o cuando lo requiera una autoridad competente. Este mecanismo está diseñado para garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas, exigiendo a los servidores públicos demostrar el origen de su patrimonio.
En un comunicado, la Junta Central Electoral informó que el pasado 18 de abril de 2024 se entregaron certificados de elección a un total de 3,849 candidatos y candidatas, tanto electos como reelectos. No obstante, solo 525 de estos funcionarios, es decir, un pírrico 14%, han cumplido con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio inicial. Este incumplimiento deja a 3,324 funcionarios, que representan el 86%, en la cuerda floja, vulnerando no solo las disposiciones constitucionales, sino también los principios de transparencia y rendición de cuentas que sustentan la administración pública.
La Ley núm. 41-08 de la función pública clasifica la falta de declaración jurada como una infracción grave de tercer grado, que conlleva la destitución del cargo. Esta disposición legal no solo refuerza la importancia de cumplir con esta normativa, sino que también subraya las consecuencias severas para aquellos que fallan en su cumplimiento. La falta de una declaración jurada no solo afecta la credibilidad de los funcionarios, sino que también socava el esfuerzo continuo por erradicar la corrupción en el sector público.
El incumplimiento masivo de esta obligación destaca una preocupación alarmante sobre la eficacia del control y la supervisión de la administración pública en el país. La declaración jurada de bienes no es un simple requisito burocrático; es una herramienta esencial para el control y la fiscalización de la gestión pública. Su correcta aplicación es fundamental para asegurar que los recursos del Estado sean manejados con integridad y que los funcionarios actúen con la transparencia requerida por la ley.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con determinación y celeridad en el cumplimiento de esta normativa. La implementación rigurosa de las sanciones previstas para el incumplimiento no solo garantizará la aplicación efectiva de la ley, sino que también enviará un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia en la administración pública. La integridad del sistema democrático y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones dependen de la acción decidida en estos momentos cruciales.
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