República Dominicana.-En el ámbito judicial, el 2023 fue un año de trascendentales decisiones para la justicia dominicana, incluyendo la renovación parcial del Tribunal Constitucional, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
Y aunque la lucha contra la corrupción pareció estancarse en los tribunales con los denominados grandes casos caminando a pasos de tortuga, el Ministerio público prosiguió con su campaña contra el delito, instrumentando nuevos expedientes.
A pocos días de comenzar el 2023, el 17 de enero, un juzgado de instrucción del DN cambio la medida de coerción de prisión preventiva por una fianza y grillete al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el expediente de corrupción del caso Medusa, y en un hecho poco común, el 24 de agosto la Corte de Apelación autorizo a Jean Alain salir a trabajar dos días a la semana, interrumpiendo su prisión domiciliaria.
Los abogados del ex funcionario acudieron hasta las Naciones Unidas, donde un organismo de la ONU cuestionó su apresamiento, pero la Procuraduría general de la Republica al parecer hizo su tarea, y desde Washington vino la Respuesta: El departamento de Estado dejó sin visas al ex procurador, su esposa y sus descendientes, por su alegada implicación en actos de corrupción en perjuicio del Estado.
En marzo DEL 2023, el Segundo Tribunal Colegiado del DN descargo por falta de pruebas a Luis Dicent, ex administrador de la Lotería Nacional, implicado en un fraude millonario a través del denominado expediente Bolo 13. Otros involucrados en el caso, pero con menor jerarquía, fueron condenados a 5, 6 y 7 años de cárcel.
Fue también en marzo, cuando La Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción –Pepca- puso en marcha la operación Calamar y arrestó 19 personas, incluyendo los ex ministros del gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo-El Penco- y José Ramón Peralta, -José Ra- para sus mejores amigos.
Los tres, junto al resto, están acusados de defraudar al Estado Dominicano con más de 19 mil millones de pesos, a través de un entramado relacionado con el pago de expropiaciones de terrenos.
Comenzando abril, un Tribunal de Atención Permanente mandó a Najayo con 18 meses de prisión preventiva a José Ramón Peralta y Donald Guerrero. El Penco y otros implicados en el expediente de corrupción recibieron otras medidas de coerción.
En octubre, La primera sala penal de la Corte de Apelación del DN, puso en libertad bajo fianza a Donald Guerrero, y más adelante José Ramón Peralta también logra salir de la prisión.
El 5 de abril, el Consejo del Poder Judicial destituyo al juez de instrucción Juan Francisco Rodríguez Consoró, el que puso en libertad los implicados en el expediente de los tres Brazos, acusado de recibir sobornos; y se llevó también al juez de paz de Oviedo, Robert Disla de León, quien se ausentó de sus labores por más de 40 días sin justificación creíble.
A finales de ese mes, el día 26, El Cuarto Tribunal Colegiado del DN condenó a 30 años a Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de la muerte a tiros del ministro de Medioambiente, Orlando Jorge Mera.
Dos días después, El Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba restituir 8 mil 500 millones de pesos, alegadamente sustraídos por las Administradoras de Fondos de Pensiones de las cuentas de capitalización Individual de los afiliados a la Seguridad Social.
Tres meses después, la Tesorería de la Seguridad Social denunció un inmenso fraude en la venta de seguros, afectando a más de 50 mil personas.
En junio, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión al nombrado Ambiorix Rodríguez, por la muerte de la abogada puertoplateña Paola Languasco, en el 2015.
El 20 de ese mismo mes, un tribunal condenó tres civiles a 30 años y dos policías a 20, por la muerte de David de los Santos, masacrado en el destacamento policial del Ensanche Naco.
El tres de julio, La Suprema Corte de Justicia determinó que el ADN no es la única forma para establecer la paternidad y estableció el criterio de paternidad socialmente construida.
El día diez, un Tribunal envía a juicio de fondo los guardias, policías y civiles involucrados en la trama de corrupción desmantelada mediante la operación coral, y el 19, El tercer tribunal colegiado del DN, condena a 12 años al ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque, por la muerte a tiros del animador deportivo Manuel Duncan.
En medio de un escándalo por un conflicto interno en la cámara de cuentas, el 20 de julio, el Ministerio Público archiva el expediente por acoso sexual y laboral de su presidente Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Con la llegada de agosto, el día primero, La procuraduría general de la Republica puso en marcha la operación Gavilán contra una red mafiosa que, a lo interno del Ministerio Publico, se encargaba de borrar expedientes penales a cambio de sobornos.
En septiembre, el cuarto tribunal colegiado del DN declaro extinguida la acción penal del caso Tucano y los imputados en el expediente de corrupción se liberaron, por el momento, de un nuevo juicio.
El 13 de octubre, Un tribunal de Villa Altagracia sentencio a 8 y 20 años cuatro policías, acusados de la muerte de una pareja de esposos evangélicos en ese municipio, cuando regresaban a Santo Domingo, luego de asistir a una actividad religiosa. Otros cuatro implicados fueron dejados en libertad por insuficiencia de pruebas.
También en octubre, La oficina de servicios judiciales de atención permanente del DN colocó impedimento de salida y presentación periódica a 23 jóvenes deportistas, apresados en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana cuando utilizando documentos falsos buscaban visas para un sueño, convertido en pesadilla.
Y el 16 de ese mes, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, envió a juicio de fondo a la diputada del PRM por la Vega, Rosa Amalia Pilarte, acusada por el Ministerio Publico de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
En noviembre, el Ministerio Publico, con el apoyo de la Policía y la Junta Central Electoral, pone en marcha en Santiago la operación colibrí, desmantelando una red de falsificadores de actas de nacimiento, cedulas, títulos universitarios, actas de matrimonio, títulos de propiedad y otros documentos públicos. Las autoridades apresaron 20 personas en varios allanamientos.
El 16 de ese mismo mes, El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a tres y cinco años de prisión al ex alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, y al encargado de nómina durante su gestión municipal, Jerson Liranzo Pérez, acusados de corrupción.
En diciembre, la Justicia Dominicana cierra el 2023 estrenando cinco nuevos jueces en el Tribunal Constitucional, incluida la elección de un nuevo presidente, que puso fin a la era en esa alta corte, del magistrado Milton Ray Guevara.
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