SANTO DOMINGO, R D.-La Directora General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Carolina Serrata, convocó la Comisión Interinstitucional de Traspasos de Cuentas de Capitalización Individual al Sistema de Reparto a una reunión extraordinaria, para comenzar a trabajar en la aplicación del procedimiento de la resolución 572-07 que ordena el traspaso a la Dirección de Pensiones del Estado a los servidores públicos que llenen los requisitos.
La reunión tiene como objetivo dar inicio a los procesos de aprobación de traspasos al Sistema de Reparto Estatal para miles de servidores públicos con derechos adquiridos para recibir una pensión del Estado y que actualmente se encuentran afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Están convocados a la reunión los representantes de la Superintendencia de Pensiones, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes juntos al representante de la DIDA abordarán los detalles del manual de procedimientos, establecerán los cronogramas de trabajo, coordinarán las acciones conjuntas entre las instituciones involucradas, y se dará a conocer la situación de los primeros 800 casos de unos 5 mil que ya han hecho sus solicitudes de traspaso.
Serrata Méndez dijo que la convocatoria se fundamenta en la emisión de la Resolución 579-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dada a conocer el pasado 16 de noviembre de este año, que aprueba el Manual de Traspasos, instruido por la Resolución 572-07 del mismo organismo, de fecha 6 de julio del 2023.
La funcionaria detalló que se convocó de manera urgente a dos reuniones de la Comisión Interinstitucional que coordina la DIDA, con el objetivo de poner en marcha de inmediato los procesos necesarios para llevar a cabo los traspasos hacia el Sistema de Reparto Estatal de los servidores públicos afiliados a las AFP, que trabajaron antes del primero de junio del 2003 bajo el amparo de la ley 379-81 y han acumulado por lo menos 20 años de servicios en instituciones del Estado y hoy tienen un mínimo de 60 años de edad.
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